Agustín Lozano: cronología de un arresto anunciado

El 7 de noviembre de 2024, el fútbol peruano amaneció sacudido por la noticia de la detención preliminar de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y otros implicados en un escandaloso caso conocido como "Los Galácticos". En una investigación por presunta organización criminal, lavado de activos, y otros delitos, la FPF se vio arrastrada a una crisis institucional que amenaza con manchar la imagen del deporte rey en el país, justo cuando la selección peruana se alista para un desafío crucial en las Eliminatorias frente a Chile y Argentina.

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó la medida de detención preliminar por 15 días, un tiempo durante el cual se espera que las autoridades sigan recolectando pruebas y tomando decisiones clave sobre el futuro de los detenidos. Entre los implicados se encuentran figuras de peso en el ámbito deportivo, como Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, y Gisella Mandriotti, presidenta de la Academia Deportiva Cantolao.

El origen de esta investigación se remonta a diciembre de 2022, cuando Óscar Romero, ex presidente de la Asociación Deportiva Nacional de Fútbol (ADFP), denunció ante las autoridades una serie de irregularidades. Los clubes se vieron privados de los derechos de transmisión televisiva, lo que llevó a la FPF a firmar un contrato con la empresa 1190 Sports, una decisión que no fue bien recibida por todos. Fue entonces cuando Romero levantó la voz, acusando a varios directivos de los clubes y la FPF de estar involucrados en un esquema de extorsión y coacción.

La Fiscalía, en su acta, formalizó la investigación el 15 de diciembre de 2022, citando a un largo listado de investigados que incluía a Lozano y a varios de sus colaboradores cercanos. De acuerdo con el documento, las acusaciones apuntan a la presunta comisión de delitos de extorsión, coacción y organización criminal, en agravio de los clubes de la primera división del fútbol peruano. La investigación se extendió por un plazo de 120 días, lo que desató una serie de eventos que mantuvieron a la opinión pública alerta.

En el primer trimestre de 2023, la situación se fue tensando aún más. En febrero, cuando algunos clubes se opusieron a que sus partidos fueran transmitidos por Liga1 MAX (1190 Sports), las reuniones entre los directivos de la FPF y los clubes no lograron solucionar el conflicto. La tensión creció hasta desembocar en un arranque caótico del Torneo Apertura 2023, con seis partidos que terminaron en walk over, reflejando la fractura interna del fútbol peruano.

El 2 de marzo de 2023, la Fiscalía intensificó la investigación con un allanamiento en la Videna, sede de la FPF. La intervención, según explicó el Fiscal Superior Titular Dr. Cháves Cotrina, se llevó a cabo debido a la falta de colaboración por parte de la FPF en la entrega de documentación crucial. En su momento, la Fiscalía había solicitado información detallada sobre las cuentas bancarias de la Federación, pero no obtuvo respuestas satisfactorias. El allanamiento no solo buscaba incautar documentos, sino también destapar la posible conexión de la FPF con actividades ilícitas.

La crisis administrativa en la FPF alcanzó otro punto álgido el 7 de marzo de 2023, cuando Jean Marcel Robilliard, secretario general de la FPF, presentó su carta de renuncia. Robilliard, que había pasado por varias áreas de la Federación, incluido el área de finanzas, decidió dar un paso al costado tras la creciente presión por los escándalos que envolvían a la institución.

Pero el escándalo no se detuvo allí. En mayo de 2023, la Fiscalía volvió a allanar las oficinas de la FPF, esta vez en busca de pruebas relacionadas con la administración fraudulenta y el uso indebido de las instalaciones de la Videna. La investigación señalaba que personas ajenas a la Federación habían utilizado las instalaciones del complejo deportivo para actividades privadas, lo que resultaba en pérdidas económicas para la institución. Además, se revisaron documentos de recursos humanos y almacén, buscando vínculos con los presuntos delitos.

En octubre de 2023, la Fiscalía volvió a la carga, esta vez investigando los pagos sospechosos que los clubes de la Liga 1 y Liga 2 podrían haber realizado en connivencia con la FPF. Un allanamiento más en las oficinas de la Federación fue el siguiente paso de una investigación que parecía no dar tregua a Lozano y sus aliados.

El 14 de noviembre de 2023, un nuevo giro en el caso: el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional otorgó 30 días a la Fiscalía para decidir si formaliza o no una investigación contra Lozano. Esta decisión dejó en suspenso el futuro del presidente de la FPF, mientras la crisis institucional continuaba.

El 18 de enero de 2024, el Ministerio Público extendió sus diligencias a los clubes más importantes del país. En una incursión en las oficinas de Alianza Lima, los fiscales buscaron pruebas sobre los fondos otorgados por la FPF a los clubes, en medio de la disputa por el contrato con 1190 Sports. A las diligencias en Alianza Lima les siguieron visitas a otros grandes clubes, como Universitario de Deportes y Sporting Cristal, donde también se recabó documentación sobre el uso de los fondos federativos.

El 26 de abril de 2024, a pesar de todos los cuestionamientos y las investigaciones en curso, la Asamblea de Bases de la FPF aprobó la gestión de Lozano, respaldando su dirección durante 2023 con 59 votos a favor, 4 abstenciones y 0 en contra.

El 7 de noviembre de 2024, Lozano fue detenido junto a otros seis implicados, acusados de formar parte de la presunta organización criminal que habría operado desde dentro de la Federación. Sin embargo, a pesar de este golpe a la cúpula directiva, la selección peruana sigue adelante con miras a sus partidos de las Eliminatorias.

El lunes 11 de noviembre, Humberto Abanto, defensor de Geiner Alvarado, presentó ante el juez supremo de la investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, el pedido de archivo de la acusación contra el exministro, argumentando que corresponde a las citadas leyes.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, y el exministro Geiner Alvarado, buscan que se archive la acusación por presunta participación en una organización criminal. Los abogados de ambos, así como de los involucrados que podrían beneficiarse, intentan ampararse en las Leyes 32108 y 32138.

El miércoles 13 de noviembre, César Mayta Acevedo, abogado de Lozano, también presentó un recurso ante la jueza Soledad Barrueto, solicitando la inadmisibilidad de la acción, bajo la Ley 32138.

Se acusa a Lozano de administración fraudulenta, un delito que conlleva una pena mínima de tres años de cárcel, fuera del marco de la Ley 32138. La defensa sostiene que no hubo fraude a la FPF, ya que el dinero obtenido de la reventa de entradas de cortesía no fue considerado ingreso para la institución.

Por otro lado, a la presunta organización criminal de Alvarado, que habría operado para "copar" el Ministerio de Vivienda y elaborar el decreto de urgencia 102-2021 con el “Buró político”, se le imputa el delito de colusión simple, también con una pena mínima de tres años.

El recurso presentado por Agustín Lozano será resuelto primero por la Corte Superior Nacional, bajo la dirección de la jueza Soledad Barrueto, quien ha rechazado recursos similares en al menos dos ocasiones en esa jurisdicción.

En medio de esta tormenta, el fútbol nacional se enfrenta a una crisis profunda que va más allá de lo deportivo. Mientras los hinchas esperan que la selección brinde alegrías en la cancha, la institución que dirige el fútbol nacional atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia. La FPF, atrapada entre las acusaciones de corrupción y los intereses personales, tendrá que lidiar con las consecuencias de este escándalo, que podría dejar una marca indeleble en el futuro del fútbol peruano.