En un giro inesperado, Peralta decide colaborar con la justicia

El abogado Benji Espinoza confirmó que su cliente se puso a disposición y que interpondrán una demanda de hábeas corpus. “Está dando el ejemplo de cómo deben comportarse las autoridades”, mencionó, pese a que en primera instancia optó por la clandestinidad.

Redacciòn: Nicolle Guillen

05/12/24

La suspendida fiscal, implicada en una trama de cohecho y tráfico de influencias, acudió al despacho del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para cumplir con la prisión preventiva de 18 meses en su contra.

Aunque anteriormente indicó que no se acogería a la medida cautelar, a la que calificaron de arbitraria, en declaro que el cambio de posición responde a una estrategia legal. “Se presentará una demanda de hábeas corpus contra los cuatro jueces que ordenaron la medida impuesta para que pase a manos de los jueces constitucionales y, en última instancia, el Tribunal Constitucional“, adelantó.

De acuerdo a Espinoza, Peralta optó por la clandestinidad a partir de una congoja familiar y personal, pero que, confiando en su inocencia, se comunicó con la familia pidiendo que reflexione y cumpla con lo ordenado. “Le dije que lo mejor era eso para dar un ejemplo de que nosotros nada debemos y nada tememos, de manera que por eso es que hoy se ha hecho la entrega”, indicó.

Sobre su situación, aclaró que se encuentra ante el juzgado de investigación preparatoria, el encargado de ejecutar la orden, y que se están haciendo todos los procedimientos que corresponden en para que se le clasifique y se le interne en un penal.

“Pasa medicina legal y después el internamiento en la carcelera hasta que se defina a qué penal va. A ella no le corresponde una categoría de gravedad porque no es un delito grave ni de violencia, de manera que le correspondería una clasificación adecuada y veremos a donde la manda el INPE”, explicó.

Durante la audiencia, el juez Álvarez mencionó que, aunque se citó jurisprudencia y doctrina, no se demostró que Peralta hubiera mentido. Sin embargo, destacó que su conducta debía ser analizada para determinar si ajustaba sus actos a los requerimientos de la autoridad competente o si ejercía su derecho a guardar silencio.