"La violencia llega a los medios de transporte: paro de transportistas por extorsión " este jueves 26

fotografía: Diario La República

25/09/2024 Lima, Perú

Por: Yustin Vilchez

Mañana jueves 26 de septiembre, los transportistas de Lima y Callao realizarán un paro nacional en respuesta a la falta de soluciones del gobierno frente a los crecientes casos de extorsión y violencia que enfrentan diariamente . Esto afectará especialmente a los usuarios de colectivos y combis, quienes dependen de estos medios para trasladarse a sus lugares de trabajo.

Los transportistas han decidido paralizar sus labores debido a las constantes amenazas y actos de violencia que enfrentan por parte de la delincuencia. La situación es extremadamente grave, ya que tres transportistas que se negaron a pagar "seguridad" a los extorsionadores fueron asesinados en las últimas semanas.

El aumento de las extorsiones en Perú es un tema preocupante. Según los datos, las denuncias por extorsión han crecido un 400% en los últimos cuatro años, desde 2019 hasta 2022 . En solo ocho meses de 2023, se reportaron más de 6.500 casos de extorsión en la región de Lima, un aumento del 60% en comparación con el mismo período de 2022 .

Y las cifras de extorsiones en 2024 según un informe publicado por El Comercio, entre el 20 de agosto y septiembre de este año, se han registrado 15 atentados contra 11 empresas de transporte en nueve distritos limeños, a demás del resultado de tres conductores asesinados y varios heridos, lo cual se suma a 350 mil pasajeros que han sido afectados por estas extorsiones.

Los distritos más afectados por estas olas de extorsión son:

Ancón, Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo.

La indiferencia de la Policía Nacional y del gobierno peruano ante la situación de extorsiones a transportistas es un tema delicado. Según Amnistía Internacional, desde diciembre de 2022, la Policía Nacional del Perú ha utilizado la fuerza de manera excesiva y letal contra manifestantes, especialmente en regiones con población indígena y campesinas. Esto sugiere que la institución no siempre ha priorizado la protección de los derechos humanos.

A demás que los transportistas han denunciado la falta de acción efectiva por parte del gobierno para abordar la problemática. A pesar de las promesas de la presidenta Dina Boluarte de combatir la delincuencia, la percepción que se tiene de parte de la población es que no se ha hecho lo suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos los cuales siguen esperando resultados concretos.